30 abril 2008

Termina el boicot al Café de la Selva

Fiscalía Especial de Acteal restringe el acceso a la información

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 29 Abril de 2008
Boletín de Prensa 08
Fiscalía Especial de Acteal restringe a las víctimas el acceso a la información
contenidas en las averiguaciones por la Masacre de Acteal.

• El 28 de marzo de 2008 la Fiscalía de Acteal notifica a este Centro de Derechos Humanos, a
pesar de ser representantes legales de las víctimas, que no tiene autorizado el libre acceso
a las averiguaciones contra servidores públicos involucrados en los hechos del 22 de
diciembre de 1997.
• Señala la Fiscalía que se reserva a otorgar el derecho a informar a las víctimas, lo que ella
considere necesario.
• Impide conocer el contenido de las declaraciones de los servidores públicos que han
rendido su declaración, obstaculizando el derecho a la verdad de los sobrevivientes y
deudos.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en su calidad de representante
legal de las víctimas sobrevivientes y deudos de la Masacre de Acteal, el día 15 de Abril de 2008
presentó demanda de amparo en contra de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos
Cometidos en el Poblado de Acteal el 22 de diciembre de 1997, el cual fue admitido por el Juez
Séptimo de Distrito con el número 323/2008 el pasado 22 de abril, interpuesto por la restricción que
dicha autoridad impuso a los sobrevivientes para conocer del avance de las investigaciones y el
contenido de las declaraciones de los servidores públicos que han sido citados a rendir su
declaración, en relación a los crímenes de lesa humanidad que se persiguen dentro de la
averiguación previa FECACH/02/2007.
El día 28 de marzo del año que transcurre, el Fiscal del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía
Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en el Poblado de Acteal, notificó a este Centro el
contenido del acuerdo de fecha 10 de marzo recaído en los autos de la Averiguación Previa número
FECACH/02/2007, mediante el cual la autoridad se reserva a otorgar el derecho de tener el libre
acceso a la averiguación previa y señala que como parte ofendida sólo podremos obtener la
información que la propia Fiscalía considere oportuna comunicarnos.
Consideramos que la aplicación de esta restricción por la Fiscalía Especial para los Delitos
cometidos en el Poblado de Acteal, en dicho acuerdo de 10 de marzo vulnera el derecho de los y las
víctimas sobrevivientes y los deudos a conocer la verdad de los hechos del 22 de diciembre de 1997,
consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece en su artículo 1
que los Estados partes de la Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
2
cualquier otra condición social. Asimismo, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención el Estado
Mexicano se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones de la misma Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Esto implica que el Estado Mexicano
debe asegurarse que las investigaciones existentes para la protección y garantía de los derechos de
las víctimas sobrevivientes, sean efectivos en la práctica.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez (Sentencia
de Fondo del 29 de julio de 1988. Serie C. Nº 4, párr.177), estableció que la obligación de investigar
“debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser
infructuosa, debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no
como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima
o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública
busque efectivamente la verdad”.
De forma arbitraria, el Fiscal Especial obstruye a las víctimas sobrevivientes el conocer
claramente el avance, logros y fracasos de la investigación penal instruida en contra de los
servidores públicos involucrados en la masacre de Acteal cometida el 22 de diciembre de 1997 en el
poblado de Acteal, Municipio de Chenalhó, Chiapas.
Con esta determinación de la Fiscalía Especial, este Centro considera que no satisface los
requisitos de una autoridad de procuración de justicia como el de independencia, imparcialidad y
transparencia, lo que implica que el procedimiento de investigación en contra de los servidores
públicos que se ha iniciado para el conocimiento de la verdad histórica, no puede asegurarse que
sea un recurso efectivo, en el entendido de que un procedimiento carente de transparencia y acceso
a la información da incertidumbre jurídica y vulnera derechos fundamentales de víctimas de
violaciones graves a derechos humanos.
En este orden de ideas, los derechos y obligaciones consagrados en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos son plenamente vinculantes para el Estado Mexicano por
haber sido ratificada la misma conforme al procedimiento establecido en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos el 2 de Marzo de 1981, por lo que las consecuencias de la no
observación, respeto o falta de garantía de esos derechos, la falta de adecuación de las normas y
prácticas internas a los estándares que establece la Convención Americana implica una
responsabilidad de carácter internacional para el Estado Mexicano, puesto que dichas normas de
derechos internacional son parte de la Ley Suprema de la Unión de acuerdo con el artículo 133 de la
Constitución Federal.
De acuerdo con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, para establecer el estándar que existe en materia de acceso a la información cuando
se trata de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad señala en su artículo 14
último párrafo, que las autoridades obligadas a proporcionar información:
“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.”
En este mismo sentido, la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información
Pública para el Estado de Chiapas, en su artículo 30 tercer párrafo señala que:
3
“Artículo 30 ”No podrá invocarse el carácter de reservado, cuando se trate de la investigación
de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.”
La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en el Poblado de Acteal
del Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas, al reservarse arbitrariamente e
inconstitucionalmente el derecho de otorgar a los sobrevivientes el acceso a la información contenida
en el expediente físico número FECACH/02/2007 hace inoperante el derecho constitucional de la
coadyuvancia constitucionalmente reconocido. Por lo que restringe y vulnera el derecho al
libre acceso a la información como coadyuvantes legalmente reconocidos en la averiguación
previa, iniciada para conocer la verdad de los hechos y el fincar responsabilidades de los servidores
públicos involucrados en la Masacre del 22 de diciembre de 1997 en la que se cometieron violaciones
graves a derechos humanos y de lesa humanidad.
Es lamentable que la Fiscalía Especial para Acteal del Ministerio de Justicia del Estado, se
conduzca en estos términos tratándose de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa
humanidad como lo es la Masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997, de gran relevancia e
impacto a nivel nacional e internacional, vulnera derechos constitucionales e internacionales en
materia de derechos humanos, lo que no garantiza a los sobrevivientes de la Masacre contar con la
seguridad jurídica y el ejercicio pleno que la figura jurídica de la coadyuvancia y la representación
legal tienen reconocido como partes de un procedimiento de carácter penal, establecido en el artículo
20 apartado B de la Carta Magna.
Por lo que, de continuar en esta línea de falta de transparencia, imparcialidad y transparencia
no podremos estar en aptitud de instruir los elementos de convicción que acrediten el cuerpo del
delito, la responsabilidad de los servidores y la reparación del daño que corresponde.
Por tal razón el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C. solicita:
• Que el gobierno del Estado de Chiapas garantice y respete el derecho constitucional establecido
en el artículo 20 apartado B fracción II que tienen las víctimas sobrevivientes de la Masacre de
Acteal, para el ejercicio pleno y sin restricciones de la coadyuvancia con la Fiscalía Especial para
la Atención de los Delitos Cometidos en el poblado de Acteal para un verdadero acceso a la
justicia y el goce del derecho a la verdad como pueblo.
• Que las autoridades de procuración de justicia del Estado actúen conforme a los compromisos
internacionales en materia de derechos humanos adquiridos por el Estado Mexicano para
garantizar y salvaguardar los derechos de las víctimas sobrevivientes de conocer la verdad de lo
sucedido y participar de manera libre y transparente en las investigaciones instruidas contra
servidores públicos involucrados en la Masacre del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas.
• Que se garantice la eficacia y transparencia de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía
Especial para fincar las responsabilidades de los autores intelectuales de la Masacre y la
aplicación de las sanciones legales correspondientes de los perpetradores de la Masacre que
continúan gozando de impunidad.

Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas, AC
BRASIL 14, BARRIO MEXICANOS, CP 29240. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO.
TELEFAX + 52 (967) 678 3548, 678 3551, 678 7395, 678 7396 - APARTADO POSTAL 178
www.frayba.org.mx frayba@frayba.org.mx

20 abril 2008

Relegó Calderón la coordinación para el diálogo y la negociación en Chiapas

Desde 2007 opera con magro presupuesto; este año se le asignaron 775 mil pesos

Relegó Calderón la coordinación para el diálogo y la negociación en Chiapas

■ Luis H. Álvarez, único interlocutor aceptado por el EZLN, sólo negoció con grupos oficialistas

Hermann Bellinghausen (Enviado)

Ampliar la imagen Desde el gobierno de Vicente Fox prácticamente desapareció la negociación con grupos zapatistas. La imagen, durante un encuentro en La Realidad Desde el gobierno de Vicente Fox prácticamente desapareció la negociación con grupos zapatistas. La imagen, durante un encuentro en La Realidad Foto: José Carlo González

Desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón, la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas (Cdnch) fue relegada. A diferencia de lo ocurrido al iniciar la primera administración nacional panista, en 2000, cuando Vicente Fox designó una “carta fuerte” para encabezarla: el veterano Luis H. Álvarez, desde 2007 se le dejó en el limbo, casi sin titular y con magro presupuesto.

Todo un síntoma de la postración en que la había dejado su último titular, independientemente de que el nuevo gobierno federal no enunciara ninguna política definida respecto al conflicto de Chiapas. El comisionado Álvarez, el único que permaneció en el cargo un sexenio completo –si bien había llegado allí sin ninguna experiencia con los pueblos indígenas, salvo un decoroso paso por la primera Comisión para la Concordia y Pacificación (Cocopa) en el peor periodo de la guerra encubierta del gobierno zedillista–, el funcionario pasó a dirigir la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). No queda clara la diferencia entre una y otra funciones.

Este año, la Cdnch recibió un presupuesto de 775 mil pesos, ejercido por el sustituto de Álvarez, Hugo García, en lo que ahora que se pretende desaparecer, puede verse como un “apagas y te vas”. En 2003 su presupuesto fue superior a 2 millones.

Hace unos meses, el reportero Isaín Mandujano documentó: “el gobierno de Vicente Fox pagó 11 millones 765 mil 628 pesos a Luis H. Álvarez por sus ‘monólogos’ en la búsqueda de la paz y la reconciliación con el EZLN, como coordinador de una oficina que tuvo como presupuesto 12 millones 300 mil pesos durante el sexenio pasado”.

Álvarez fue no sólo el negociador gubernamental que más duró en el cargo, también el único al que “saludaron” los zapatistas. En un comunicado, el subcomandante Marcos reconoció “la seriedad, respeto y responsabilidad” del ex senador. También indicó que sería “interlocutor válido” en la medida en que el gobierno foxista cumpliera las tres condiciones para el diálogo: cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, desmilitarización de las comunidades y libertad de los presos zapatistas.

En los hechos, nunca existió negociación ni diálogo con los rebeldes durante la coordinación de Álvarez, aunque este proclamó mediáticamente “encuentros” casuales con “comandantes” y representantes del EZLN, que no tuvieron ningún efecto, como no fuera aumentar las tensiones en la zona.

Los acuerdos de San Andrés no se cumplieron. Se retiraron retenes y algunos campamentos militares, pero se mantuvo, hasta hoy, la militarización masiva de los territorios indígenas de Chiapas. Los zapatistas, que en 2001 estaban encarcelados, salieron libres. En ningún caso fue relevante la participación de la Cdnch.

Esto no significa que no sostuviera un activismo inusual. En seis años, Álvarez viajó 110 veces de la ciudad de México a Chiapas. Visitó comunidades indígenas incesantemente, en papel de gestor gubernamental, y sólo dialogando con organizaciones oficialistas (priístas o perredistas) y toda clase de funcionarios y legisladores. Se convirtió en ventanilla ambulante de recolección de demandas y quejas, y apoyó la “asignación de recursos” para proyectos, programas y obras públicas en comunidades no zapatistas, o donde los zapatistas no fueron considerados y sí, con frecuencia, combatidos.

La coordinación, creada al calor del levantamiento zapatista, en enero de 1994, tuvo vida como tal en los dos procesos de diálogo establecidos entre el EZLN y el gobierno federal. Primero en San Cristóbal de las Casas, en 1994, y luego en San Andrés Larráinzar (nombre oficial de ese municipio tzotzil, en honor al último hacendado que acaparó sus territorios en la primera mitad del siglo XX).

Durante la prolongada gestión de Luis H. Álvarez, la Cdnch cultivó la “reconciliación” del gobierno con las organizaciones que no estaban en rebeldía, sin ningún efecto en la concordia de los pueblos, y menos en la eventual desmilitarización o el abandonado proceso de paz en Chiapas.

Ganaderos preparan incursión en Choles de Tumbalá para desalojar a indígenas

Policía de Palenque habría revelado el plan; sería el tercer intento en 19 meses

Ganaderos preparan incursión en Choles de Tumbalá para desalojar a indígenas

■ Denuncian que líder de trabajadores propicia división para facilitar el despojo a los pobladores

Hermann Bellinghausen (Enviado)

Ampliar la imagen Imagen del municipio autónomo de El Trabajo, donde se asienta Choles de Tumbalá Imagen del municipio autónomo de El Trabajo, donde se asienta Choles de Tumbalá Foto: Moysés Zúñiga Santiago

Ampliar la imagen Escena en el municipio zapatista de El Trabajo, cuando el EZLN declaró alerta roja en junio de 2005 Escena en el municipio zapatista de El Trabajo, cuando el EZLN declaró alerta roja en junio de 2005 Foto: José Carlo González

Choles de Tumbalá, Chis., 13 de abril. Las tierras donde se asienta esta comunidad autónoma son codiciadas por los ganaderos vecinos, que nuevamente amenazan con invadirlas y destruir las casas, como ya lo hicieron el 3 de agosto de 2006 con apoyo de la policía de Palenque, y volvieron a intentarlo el pasado enero.

La versión de que se prepara otra agresión fue transmitida en Palenque por miembros de la policía municipal al indígena Gregorio Álvaro Cruz, antiguo poblador de Choles de Tumbalá, quien pasó casi tres años encarcelado sin haber cometido delito y salió, absuelto, a finales de 2007. “Hay otra orden de desalojo”, advirtieron policías palencanos. Según cuentan hoy los representantes del poblado, un agente dijo que “hace poco se juntaron los ganaderos porque ‘ya tenían la orden’ y llamaron a los comandantes de la judicial, la estatal y la municipal para solicitar su apoyo”.

Los mandos policiacos habrían replicado que actuarán cuando reciban órdenes. Los ganaderos dijeron que si no llegaban esas órdenes, “buscarían otra forma, como paramilitares armados, para expulsar a los zapatistas”. El terrateniente Luis Eduardo Maitré y sus prestanombres de la Asociación Ganadera del Usumacinta disputan las tierras donde se fundó el poblado en 1988, y sobre las cuales los ganaderos no tienen ni han tenido derecho.

Se trata de una “demasía” que los choles habitan desde entonces, y hoy forma parte del municipio autónomo El Trabajo. Vecinos del ejido Chuyipá, que trabajan en la finca 5 de Mayo, propiedad de Maitré, confirman que los ganaderos planean invadir Choles de Tumbalá.

Una nueva amenaza ha llegado a la comunidad. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), de Palenque, lidereada por Mario Álvarez Rodríguez, ofrece los predios de Choles de Tumbalá a campesinos sin tierra de Salto de Agua, y también les ofrece defenderlos con gente armada.

“Nosotros respetamos todas nuestras colindancias. Reconocemos nuestro terreno. Como indígenas que somos defenderemos este pedazo de tierra. Exigimos que los ganaderos dejen de molestarnos”, dice la tarde de este domingo uno de los representantes, en un rudimentario cobertizo que se usa como ermita, lugar de reunión o para realizar trabajos colectivos. “No tenemos ningún delito, respetamos la mensura de los ranchos”. La propiedad por aquí es estricta, parece trazada con regla.

Al norte de Palenque, la región está compuesta por grandes y pequeños ranchos ganaderos, o bien rentados a empresas para extensos monocultivos de hule y palma africana. La comunidad indígena “estorba” para los negocios de los ganaderos, promovidos por Felipe Vázquez Pérez y Gilberto Cruz Sánchez. Ahora se suman las pretensiones del dirigente de la CUT de propiciar enfrentamientos entre indígenas para despojar de sus tierras a los zapatistas.

Hace año y medio, la comunidad no sólo fue desalojada por los ganaderos y la fuerza pública. Fue arrasada. Quemaron las casas, y trajeron maquinaria para aplanar y cubrir las cenizas. No obstante, semanas después los choleros levantaron otra vez el pueblo, con ayuda de centenares de indígenas de los municipios autónomos de la región. Zapatistas desde 1994, hacen ondear a la entrada del poblado una viejísima y desgarrada bandera nacional y otra del EZLN.

“Nosotros aquí seguimos. No nos vamos a mover”, dice el que habla, rodeado de otros representantes, entre ellos una mujer que se ve de autoridad pero sólo se expresa en chol. A manera de confirmación, describe cómo ya preparan la tierra para la nueva siembra de la milpa, igual que cada año.