Agonía manifiesta de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas

Incumplidos, sus objetivos de alcanzar una solución justa y duradera al conflicto armado

■ Escasas, las posibilidades de entendimiento entre las partes; los desencuentros han sido constantes

Hermann Bellinghausen

El gobierno federal parece dispuesto a desaparecer la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, a pesar de que no ha cumplido sus objetivos. Ciertamente, las posibilidades de diálogo han sido escasas. Los desencuentros entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los representantes de los poderes Ejecutivo y el Legislativo han sido constantes, salvo los meses que duraron los diálogos de San Andrés (1995-1996) y la oportunidad que decía ofrecer el gobierno de Vicente Fox en 2001.

Ambas cincunstancias se fueron por la borda. La primera cuando el gobierno zedillista desconoció su compromiso con los acuerdos de San Andrés (el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, argumentó, memorablemente, haber estado ebrio cuando aceptó que sus representantes firmaran con los rebeldes).

La segunda, cuando los senadores de todos los partidos aprobaron una reforma que los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena consideraron “traición”. Este hecho marcaría la gestión del representante foxista Luis H. Álvarez, quien nunca obtuvo respuesta del EZLN a sus llamados. Los rebeldes han sostenido que no se puede dialogar con gobiernos incapaces de cumplir su palabra. No obstante, el comisionado gubernamental se movió por la “otrora la zona de conflicto” (expresión suya) como si existieran condiciones.

En julio de 2005, al comparecer ante la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, que presidía la panista Luisa María Calderón Hinojosa, Álvarez expresó:

“Si yo hubiera sido indígena y vivido las condiciones que vivían y que todavía siguen viviendo la mayoría de las comunidades indígenas, es más que probable que yo hubiera sido zapatista”. Incluso “celebró” la decisión de los zapatistas de levantarse en armas en 1994.

La Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas fue aprobada por el Congreso el 9 de marzo de 1995, un mes después de que el presidente Ernesto Zedillo ordenara la mayor ofensiva militar que ha habido contra el EZLN y sus bases de apoyo.

La ley norma las políticas para lograr la paz en la región indígena, cimbrada en su totalidad por el movimiento armado y su impacto social y político.

Paralela y extraoficialmente se inició la campaña de contrainsurgencia que desde entonces forma parte de las estrategias gubernamentales para “solucionar” el conflicto. El gobierno había dado un paso hacia la guerra, y luego propició un instrumento para la paz, que originó a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

Desde entonces, dicha ley “tiene por objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el 1º de enero de 1994”.

El texto destaca aquella fórmula con la cual, a regañadientes, el gobierno reconocía la legitimidad de la rebelión:

“Para los efectos de la presente ley, se entenderá como EZLN el grupo de personas que se identifica como una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas y se involucró en el conflicto.”

Desde 2007 opera con magro presupuesto; este año se le asignaron 775 mil pesos

Relegó Calderón la coordinación para el diálogo y la negociación en Chiapas

■ Luis H. Álvarez, único interlocutor aceptado por el EZLN, sólo negoció con grupos oficialistas

Hermann Bellinghausen (Enviado)

Ampliar la imagen Desde el gobierno de Vicente Fox prácticamente desapareció la negociación con grupos zapatistas. La imagen, durante un encuentro en La Realidad Foto: José Carlo González

Desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón, la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas (Cdnch) fue relegada. A diferencia de lo ocurrido al iniciar la primera administración nacional panista, en 2000, cuando Vicente Fox designó una “carta fuerte” para encabezarla: el veterano Luis H. Álvarez, desde 2007 se le dejó en el limbo, casi sin titular y con magro presupuesto.

Todo un síntoma de la postración en que la había dejado su último titular, independientemente de que el nuevo gobierno federal no enunciara ninguna política definida respecto al conflicto de Chiapas. El comisionado Álvarez, el único que permaneció en el cargo un sexenio completo –si bien había llegado allí sin ninguna experiencia con los pueblos indígenas, salvo un decoroso paso por la primera Comisión para la Concordia y Pacificación (Cocopa) en el peor periodo de la guerra encubierta del gobierno zedillista–, el funcionario pasó a dirigir la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). No queda clara la diferencia entre una y otra funciones.

Este año, la Cdnch recibió un presupuesto de 775 mil pesos, ejercido por el sustituto de Álvarez, Hugo García, en lo que ahora que se pretende desaparecer, puede verse como un “apagas y te vas”. En 2003 su presupuesto fue superior a 2 millones.

Hace unos meses, el reportero Isaín Mandujano documentó: “el gobierno de Vicente Fox pagó 11 millones 765 mil 628 pesos a Luis H. Álvarez por sus ‘monólogos’ en la búsqueda de la paz y la reconciliación con el EZLN, como coordinador de una oficina que tuvo como presupuesto 12 millones 300 mil pesos durante el sexenio pasado”.

Álvarez fue no sólo el negociador gubernamental que más duró en el cargo, también el único al que “saludaron” los zapatistas. En un comunicado, el subcomandante Marcos reconoció “la seriedad, respeto y responsabilidad” del ex senador. También indicó que sería “interlocutor válido” en la medida en que el gobierno foxista cumpliera las tres condiciones para el diálogo: cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, desmilitarización de las comunidades y libertad de los presos zapatistas.

En los hechos, nunca existió negociación ni diálogo con los rebeldes durante la coordinación de Álvarez, aunque este proclamó mediáticamente “encuentros” casuales con “comandantes” y representantes del EZLN, que no tuvieron ningún efecto, como no fuera aumentar las tensiones en la zona.

Los acuerdos de San Andrés no se cumplieron. Se retiraron retenes y algunos campamentos militares, pero se mantuvo, hasta hoy, la militarización masiva de los territorios indígenas de Chiapas. Los zapatistas, que en 2001 estaban encarcelados, salieron libres. En ningún caso fue relevante la participación de la Cdnch.

Esto no significa que no sostuviera un activismo inusual. En seis años, Álvarez viajó 110 veces de la ciudad de México a Chiapas. Visitó comunidades indígenas incesantemente, en papel de gestor gubernamental, y sólo dialogando con organizaciones oficialistas (priístas o perredistas) y toda clase de funcionarios y legisladores. Se convirtió en ventanilla ambulante de recolección de demandas y quejas, y apoyó la “asignación de recursos” para proyectos, programas y obras públicas en comunidades no zapatistas, o donde los zapatistas no fueron considerados y sí, con frecuencia, combatidos.

La coordinación, creada al calor del levantamiento zapatista, en enero de 1994, tuvo vida como tal en los dos procesos de diálogo establecidos entre el EZLN y el gobierno federal. Primero en San Cristóbal de las Casas, en 1994, y luego en San Andrés Larráinzar (nombre oficial de ese municipio tzotzil, en honor al último hacendado que acaparó sus territorios en la primera mitad del siglo XX).

Durante la prolongada gestión de Luis H. Álvarez, la Cdnch cultivó la “reconciliación” del gobierno con las organizaciones que no estaban en rebeldía, sin ningún efecto en la concordia de los pueblos, y menos en la eventual desmilitarización o el abandonado proceso de paz en Chiapas.