El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denuncia una incursión militar ocurrida el 19 y 20 de mayo (2008) en la Comunidad de San Jerónimo, Tulijá, municipio oficial de Chilón y municipio autónomo de Ricardo Flores Magón.
Por el riesgo a la integridad de los pobladores, miembros de este
Centro permanecen en la Comunidad documentando posibles agresiones.
Boletín informativo del FrayBa.
Fotos del operativo.
Artículos, audios y más de Radio Zapatista
21 mayo 2008
Urgente: Incursión militar en Tulijá
11 mayo 2008
Europa Solidaria
Los de Abajo
Gloria Muñoz Ramírez
losylasdeabajo@yahoo.com.mx
Con la participación de Juan Chávez Alonso, luchador purépecha de Nurío, Michoacán, que acude en representación del Congreso Nacional Indígena (CNI), este fin de semana se celebra en Atenas, Grecia, el Encuentro Europeo en Defensa y en Lucha con los Pueblos Zapatistas y La Otra Campaña de México. Hombre sencillo y generoso, Juan es referente indiscutible de la lucha por los derechos y la cultura de los pueblos indígenas de México desde hace más de cuatro décadas.
No es la primera vez que se reúnen en Europa los colectivos y organizaciones de solidaridad con la lucha zapatista, pero quizás es la primera ocasión que se convocan con objetivos concretos ligados a la represión actual que encabezan los gobiernos federal, estatal y municipales contra los pueblos zapatistas de Chiapas. Son ya más de 14 años desde el alzamiento del primero de enero de 1994. Muchas cosas han pasado, la solidaridad nacional e internacional se ha modificado y adaptado a las nuevas etapas de la lucha. Muchos que llegaron entusiasmados durante los primeros años ya no están, pero también es verdad que muchos más permanecen. En la Atenas solidaria se encuentran colectivos e individuos que pronto cumplirán 15 años de conocerse y de trabajar juntos, con tormentas libradas mano a mano con el EZLN y las comunidades autónomas de Chiapas. Asisten también jóvenes que son parte de una nueva generación y que eran apenas unos niños o adolescentes cuando se escuchó por vez primera el “ya basta” zapatista.
Con la confirmación de 27 delegaciones pertenecientes a diversos colectivos, redes, plataformas, grupos y organizaciones de 10 países, además de las participaciones individuales y de las agrupaciones que han enviado sus propuestas por correo, el encuentro se plantea como objetivos proponer acciones de apoyo a la autonomía zapatista en el corto y mediano plazo, y movilizaciones de apoyo a la otra campaña en México. Seguramente después del encuentro se podrá contar con una radiografía de la comunidad zapatista europea: quiénes son, dónde están, qué hacen y qué quieren hacer, cuáles son sus problemas y cómo los enfrentan. Se planeará la mejor manera de organizar, desde abajo, una caravana de solidaridad europea a Chiapas, para el próximo verano.
Muchos son los retos y definiciones que enfrenta la lucha zapatista, a punto de cumplir sus bodas de plata (25 años de organización). Parte importante de esta lucha, gente buena y luchadora, se encuentra hoy en Atenas. Enhorabuena.
09 mayo 2008
Exigen a director de penal atención médica urgente para “preso político” de Chiapas
■ Jesús López, insulinodependiente, sufre secuelas de la tortura a que fue sujeto en su captura
Exigen a director de penal atención médica urgente para “preso político” de Chiapas
■ La Voz del Amate responsabiliza a Estrada Reyna de lo que suceda al adherente de la otra campaña
Hermann Bellinghausen (Enviado)
Ampliar la imagen Manifestación de tzotziles en apoyo a "presos políticos" de El Amate, en Chiapas, durante la huelga de hambre que realizaron el mes pasado para exigir su liberación Manifestación de tzotziles en apoyo a “presos políticos” de El Amate, en Chiapas, durante la huelga de hambre que realizaron el mes pasado para exigir su liberación Foto: Notimex
San Cristóbal de las Casas, Chis., 8 de mayo. La organización de presos políticos La Voz del Amate demandó hoy atención urgente para su compañero Jesús López López, insulinodependiente del tipo uno, “a quien no se le ha dado el eficiente ni indicado servicio médico”. En carta a Fernando Estrada Reyna, director del Cereso 14, en Cintalapa de Figueroa, los internos adherentes a la otra campaña y del “grupo zapatista” piden, “humanitariamente, su inmediata intervención”.
Argumentan que “a consecuencia de la tortura que recibió en los momentos de su detención”, López López, dirigente social de la región costa del estado, “sufre dolores y presión baja, y según análisis recientes, existe un paso de sangre del riñón a la orina”. Tampoco ha recibido tratamiento en su pie izquierdo, donde los agentes policiacos “le propiciaron cinco quemaduras”.
Originario de Valdivia (Mapastepec), fue detenido el 5 de abril de 2007 –ya en el gobierno de Juan Sabines– con violencia y sin orden de aprehensión, cuando regresaba de su trabajo. Torturado y “arraigado” varias semanas en Tuxtla Gutiérrez, se le acusa de secuestro. Participaba en la lucha contra el robo del presupuesto público en su municipio y el saqueo de los bancos de arena y grava de la región. Antes de ser capturado, su granja fue atacada por personas no identificadas, quienes mataron sus vacas y puercos. Participante activo del Frente Cívico Tonalteco, con quienes estaba solicitando la creación de una preparatoria, aún no tiene sentencia.
Ante las “arbitrariedades por omisión” en su contra, los presos organizados exigen para él “la atención de un internista”, pues “no se respetan” las indicaciones del coordinador médico. En el penal se le niega atención por trabas burocráticas y “evidente mala fe”.
López López ayunó durante la huelga de hambre en tres penales de Chiapas, concluida en abril, y a pesar de que su encierro responde a un caso de carácter político, no fue liberado.
Al solicitar “en repetidas ocasiones que lo llevaran al area médica”, un pasante, de nombre Cayetano, dijo a los reclusos que eso “es cuando él quiera, no cuando uno lo pida”.
La Voz de Amate demanda al director del Cereso 14 que “si no hay voluntad de asistir a nuestro compañero, deje pasar al penal su tratamiento o mande una enfermera que le aplique la insulina, le cheque la sangre y le tome la presión”.
En señal de protesta, el afectado “ya dejó el tratamiento y no pasará al área médica hasta tener una resolución de su parte”, expresan al funcionario, y lo responzabilizan “de lo que pueda suceder” a López López.
Además de éste, permanecen en prisión Alberto Patishtán Gómez, Julio César Pérez Ruiz, José Pérez Pérez, Marcelino Díaz González, Antonio Gómez Díaz, Miguel Gómez Gómez y María Delia Pérez Arizmendi.
Por su parte, Tiburcio Gómez Pérez, de La Voz de los Llanos, denunció que el director del Cereso 5, Alejandro Galicia Morales, amenaza con trasladarlo a otro penal, pues está “muy fichado como cabeza principal del grupo de presos políticos”. El pasado 3 de mayo le advirtió que “no puede” ser vocero del grupo, y que “cualquier cosa” que necesiten deberán solicitarla de manera “individual”.
Refiere que al interrogatorio del funcionario contestó: “haga lo que quiera; si está dolido por las demandas que se hicieron, es todo verdad, no hay mentira; los integrantes de La Voz de los Llanos siempre vamos a defender nuestros derechos como seres humanos”.
08 mayo 2008
Comunicado JBG de Oventic 7 de mayo
JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO
SNAIL TZOBOMBAIL YU’UN LEKIL J’AMTELETIK TA O’LOL YO’ON ZAPATISTA TA STUK’IL SAT YELOB SJUNUL BALUMIL
A 6 DE MAYO DE 2008
A LA OPINIÓN PÚBLICA
A LAS Y LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA
A LA ZEZTA INTERNACIONAL
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LAS Y LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS INDEPENDIENTES
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS ORGANISMOS AMBIENTALISTAS
COMO JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO, DE ESTA ZONA ALTOS DE CHIAPAS
Estamos enterados de que en la radio como en distintos periódicos se difunde la noticia de que personas “supuestamente desconocidas” envenenaron un pozo de agua que abastece a la colonia Los Alcanfores, de San Cristóbal de Las Casas, por lo que por este medio les decimos los siguientes:
Primero: Como ya se sabe, en el año de 2006, fueron detenidos por el mal gobierno dos compañeros Bases de Apoyo del EZLN nativos de la comunidad de Huitepec Ocotal, segunda sección, acusándolos de dañar la ecología cuando realmente estaban en su tierra sembrando hortalizas para el consumo familiar, como lo venían haciendo desde sus padres sin dañar la ecología.
Los compañeros pudieron salir libres después de pagar 15 mil pesos cada uno, y gracias al apoyo que dieron compañeros y compañeras de la Otra Campaña de Jovel y de la intervención del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Segundo: De las investigaciones que hizo esta Junta de Buen Gobierno se descubrió que esas tierras de 102 hectáreas en que fueron detenidos nuestros compañeros de Huitepec Ocotal segunda sección, ya había sido quitada por el mal gobierno municipal de San Cristóbal de Las Casas, supuestamente para proteger el bosque.
Tercero: Sabemos que para quitarla, antes una comisión del mal gobierno pasó a las comunidades de los alrededores del cerro de El Huitepec a promover un “desarrollo turístico”, que decían podría ser un “Zoológico” y que para eso necesitaban 102 hectáreas de tierras del Huitepec, por eso le decían a las comunidades que les convenía, porque se iba a cuidar el bosque y que podrían tener algunos trabajos, además les ofrecían proyectos de invernaderos para producir hongos comestibles. Los hermanos y hermanas tzotziles del Huitepec, engañados firmaron un acta en la que entregaban la tierra pedida por el mal gobierno. Entre estos hermanos que entregaron sus tierras estuvieron los de la Ranchería Los Alcanfores.
Cuarto: Pero hubieron otras personas que no aceptaron entregar su tierra, porque para ellos no es sólo un lugar para conseguir trabajo, nos dijeron que para ellos es su madre tierra, el territorio en que crecieron ellos y sus antepasados, de donde obtienen alimentos, plantas medicinales, por donde están y han estado sus caminos, sus lugares de oración y en donde han celebrado el agua. Dijeron que además ellos no estaban buscando dinero. Estas personas rebeldes son bases de apoyo del EZLN de la comunidad de Huitepec Ocotal segunda sección.
Quinto: Estos compañeros de la comunidad de Huitepec Ocotal segunda sección se acercaron a esta Junta de Buen Gobierno pidiendo el respaldo para que fueran ellos, los dueños de la tierra, quienes protegieran sus tierras, y ya que los otros hermanos tenían ciegos sus ojos y habían entregado sus tierras, pero que los zapatistas tendrían que cuidar esas tierras mientras los otros a ver si abrieran sus ojos para ver la realidad.
Sexto: Como el pueblo manda y el gobierno obedece, y como los bases de apoyo del EZLN de Huitepec tenían razón según nuestra investigación. Por eso, el día 13 de marzo de 2007, la Junta de Buen Gobierno “Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo”, Zona Altos, de Oventik, decretó la creación de “La Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista El Huitepec” que abarca las 102 hectáreas que pretendía robar el mal gobierno.
Séptimo: Desde ese día, como ya sabíamos, aumentó el hostigamiento del mal gobierno de sus tres niveles. El gobierno de Juan Sabines Guerrero, sin consultar a los dueños, expropió las mismas 102 hectáreas y sobre ellas también “creó” una “área natural protegida”, a pesar y en contra de la palabra de los zapatistas de Huitepec y de esta Junta de Buen Gobierno, confirmando que desprecia nuestra existencia, por ser indígenas, por ser rebeldes y por ser autónomos.
Octavo: Después el gobierno federal mandó a sus ejércitos según a un “rondín de costumbre”, siendo que antes jamás habían llegado por ahí y siendo que en términos militares eso se llama “patrulla de reconocimiento”. También mandó muchas veces a su Agencia Federal de Investigación (AFI) preguntando por el nombre de nuestros compañeros bases de apoyo del EZLN de esa comunidad.
Noveno: Luego vino el hostigamiento del actual presidente municipal de San Cristóbal, el auténtico coleto Mariano Díaz Ochoa, quien empezó con una campaña de desprestigio y de amenazas contra nuestras bases de apoyo de Huitepec Ocotal, asegurando que los va a desalojar a los que están cuidando la reserva. Luego mandó a sus perros que llevaban unos de sus sirvientes para provocar a nuestros compañeros, pero nunca cayeron en esa provocación.
Últimamente le ha dado por echar en contra de las bases de apoyo de Huitepec a las personas priístas de la colonia Alcanfores, así como de los mismos priístas de la comunidad de Huitepec Ocotal segunda sección.
Décimo: En días pasados, esta Junta de Buen Gobierno se reunió con pobladores de La Ranchería Los Alcanfores, que están en los pies del cerro Huitepec, quienes informaron que el agua que sale de los pozos que están dentro de la reserva zapatista no se distribuye justamente, que ellos que son nativos de ahí o que llevan ya mucho tiempo viviendo ahí, y que son gente pobre pero que no les dan suficiente agua, en cambio los ricos que llegaron a vivir ahí sí tienen mucha agua, algunos riegan sus pastos todo el día y todos los días, otros hasta alberca tienen, por lo que pidieron a esta Junta su intervención para que ellos también tuvieran acceso a su agua. La Junta les contestó que aunque los pozos de agua están dentro de la reserva zapatista no estaban prohibidos por los zapatistas para quienes realmente lo necesitan y que la Junta vería qué se puede hacer para que el agua se distribuyera también a los pobres. Y sólo que entraran a un acuerdo con la comunidad o a través de su patronato de aguas.
Onceavo: El día 16 de abril del presente año, mientras una comisión de esta Junta de Buen Gobierno y de bases de apoyo de Huitepec Ocotal caminaban por la Reserva para ubicar los pozos y así poder dar una palabra a las personas pobres de los Alcanfores que pedían agua, fueron encontradas 12 personas de la Ranchería los Alcanfores limpiando uno de los manantiales que se encuentran dentro de la Reserva Zapatista, estas personas estaban lideradas por el señor Nazario López Gómez quien de manera muy agresiva dijo que ese manantial es de ellos y que no iban a pedir ningún permiso a la Junta de Buen Gobierno para usarlo, por lo que la Junta de Buen Gobierno insistió que no es la manera para entenderse y que deberían informar a la Junta antes de hacer cualquier trabajo en la reserva y que no se trata de quitarles el agua, sino de distribuirla también a los pobres. El señor Nazario volvió a contestar que no le importaba la Junta de Buen Gobierno.
Nos dimos cuenta que con esa persona no se puede entender y es capaz de decir cualquier cosa aunque no sean ciertas. Nosotros como Junta de Buen Gobierno le decimos a la gente pobre que vive a los alrededores del Huitepec, que no se deje engañar por los que mienten sobre los zapatistas, el EZLN es una organización que lucha por la vida de los pobres y de toda la gente buena y honesta. Como Junta de Buen Gobierno les decimos que nos busquen, que vengan directamente a hablar con nosotros y así encontraremos la manera de distribuir con justicia el agua que brota de nuestra madre tierra del Huitepec.
Doceavo: Por último, decimos que el supuesto envenenamiento del pozo de Huitepec, donde el pasado 16 de abril se encontraron las doce personas dirigido por el señor Nazario, vamos a tratar de que el agua sea estudiado en algún laboratorio para saber que tipo de substancias lo que fueron a meter en el pozo.
Es toda nuestra palabra y les pedimos a todas las personas honestas y a nuestros compañeros y compañeras de la otra campaña que estén pendientes a los que pueda pasar con este problema.
ATENTAMENTE
JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO.
Jerónimo Santiz Gómez
Verónica Hernández Hernández
Guadalupe Díaz Díaz
Francisco Méndez Cruz
Maribel Pérez Pérez
La JBG del Caracol de Oventic denuncia las acciones en contra de La Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista El Huitepec e informa las medidas tomadas
07 mayo 2008
Acusan de robo a policías que irrumpieron en la comunidad zapatista de Cruztón
según habitantes, agredieron a niños para que confesaran dónde estaban sus padres
■ Denuncian que no presentaron documentos judiciales y destruyeron casas y cosechas
San Cristóbal de las Casas, Chis. 28 de abril. Al dar a conocer su testimonio sobre la incursión de 500 policías este domingo en la comunidad Cruztón (municipio de Venustiano Carranza), los pobladores denunciaron agresiones de los uniformados contra niños, niñas y jóvenes “para que confesaran dónde se encontraban sus papás; se metieron a las casas sin mostrar ninguna autorización judicial, causando destrozos en 10 viviendas, tirando puertas, robando dinero (exactamente 11 mil 500 pesos en efectivo y joyas) y destruyendo nuestras cosechas y hortalizas”. Amenazaron volver “para terminar con la comunidad”.
Inicialmente se informó que hubo tres detenidos. En realidad fueron seis: Tiburcio López Hidalgo, Santos Díaz Calvo, Gildardo López, Roberto López López, Manuel Gómez López y José Lázaro López López. “Los sacaron a la fuerza de sus domicilios, dándoles fuertes golpes.” Ahora presentan lesiones “en diversas partes de sus cuerpos”.
Según los pobladores, “la mayoría de las mujeres de la comunidad se organizaron y rescataron a los detenidos, a pesar de las amenazas de los policías de dispararles. Josefa Gómez Álvarez fue sujetada del cuello por Fidel Gómez González, persona civil armada que encabezó el operativo, mientras policías y civiles armados amenazaron con destruir las casas, llevarse a todos y que ‘el desmadre será más grande’”.
Como informó La Jornada, centenares de policías preventivos estatales irrumpieron en Cruztón la madrugada del pasado domingo. Los campesinos, adherentes a la otra campaña, precisan ahora: “con armas cortas, en camionetas pick up, en un convoy de 30 a 50 elementos, ingresaron por diversos puntos a la comunidad”.
“El operativo se caracterizó por el exceso de amenazas con armas y el maltrato verbal a los más indefensos de la comunidad. Los agresores fueron guiados por civiles armados, que llevaban los rostros cubiertos, playeras blancas y paliacates rojos, pero fueron plenamente identificados: Fidel Gómez González (que renca de la pierna derecha), Valentín González Jiménez, Pedro González Severino, Francisco Vázquez Jiménez, Marcelino González Pilicastro, Álvaro González Mazariego y Juan Ruiz García.”
La comunidad de Cruztón manifiesta indignación “por la traición del mal gobierno, ya que ha violado los acuerdos de las mesas de trabajo, que habían permanecido vigentes”. Tras el ataque, los campesinos, de origen indígena, aclaran “que en ningún momento confiaremos en sus falsas promesas”, y exigen al gobierno del estado “respeto a nuestro derecho a la tierra. No estamos invadiendo, es un derecho de hace muchos años. Son 308 hectáreas y las seguiremos defendiendo”.
Demandan respeto a su resistencia y que las autoridades “den solución a la gente invasora de Teopisca y ejido Nuevo León”. Exigen la cancelación de órdenes de aprehensión, que se ha girado injustamente, y rechazan la “criminalización de la pobreza”.
La versión simplificada de los medios oficialistas fue que la policía “desalojó a un grupo de invasores”, sin agregar información de fuentes policiacas. Los campesinos de Cruztón reiteran que defenderán las 308 hectáreas que les “corresponden”.
Al menos 500 policías ingresaron de forma violenta a la comunidad zapatista Cruztón
Por una disputa de tierras detuvieron a tres indígenas; los liberaron horas después
■ Miembros de la otra campaña acusan al gobierno de propiciar enfrentamientos entre campesinos
San Cristóbal de las Casas, Chis., 27 de abril. A las 5 de la mañana de hoy ingresaron, “de manera violenta”, 12 camiones con 500 elementos de la Policía Estatal Preventiva a la comunidad de Cruztón, municipio de Venustiano Carranza. “Entraron armados, pateando puertas y allanando las casas”, denunció la otra campaña en Jovel, a la cual pertenece la comunidad agredida.
Detuvieron a José Lázaro López López, Roberto López López y Manuel Gómez, sin decir a dónde los llevaban. En las siguientes horas estuvieron “desaparecidos”, hasta que los organismos de derechos humanos los ubicaron y supieron que habían sido liberados, sin cargos, hacia las 14 horas.
Los policías, según la denuncia, “eran dirigidos por civiles pertenecientes al grupo (presunto integrante de la OCEZ-CNPA) que dice ser propietario de un predio de 308 hectáreas que los compañeros recuperaron el 5 de mayo de 2007, ya que esas tierras les pertenecen de manera legítima”.
El “brutal operativo policiaco” fue inesperado. “Se da en el contexto de una mesa de diálogo con el gobierno del estado, iniciada hace meses con la condición de que no hubiera ninguna acción contra los compañeros: ni ejecución de las órdenes de aprehensión existentes, ni desalojo. Como siempre el gobierno sigue incumpliendo su palabra.”
La persecución judicial va dirigida contra los miembros del Comité Contra la Represión de Cruztón, adherente de la otra campaña, que recobraron un pedazo de su tierra. “Hace muchos años trabajamos como mozos en la finca Mispia, o Nazaret, cuyo propietario fue José Villafuerte Mijangos. Nuestro padres fueron acasillados. Nacimos en esa finca. Se explotaba a los mozos, trabajamos con sueldos muy bajos y el finquero nos esclavizaba”, relata el comité en un documento reciente.
El finquero, “en lugar de pagar nuestros derechos laborales que nos correspondían en 1988, optó por donarnos 308 hectáreas mediante escritura ante la licenciada Sofía Rabasa Esquinca, juez mixto de primera instancia del distrito judicial de Libertad”. Allí “nos las donaba de manera pura, simple y a titulo gratuito en copropiedad y partes iguales a 20 personas, ahora habitantes de Cruztón. Él mismo nos entregó físicamente la tierra. Juntos recorrimos los mojones, brecheamos y desde entonces hemos poseído y trabajado las tierras en calidad de propietarios”.
En 1994, personas de Teopisca y el ejido Nuevo León, haciéndose pasar por “zapatistas”, invadieron el predio. La junta de buen gobierno de Oventic ha confirmado que los invasores “nunca han sido zapatistas”. Ni siquiera viven allí, pero tienen de su parte a las autoridades estatales. Por ello, en asamblea, los campesinos de Cruztón decidieron el 5 de mayo pasado “recuperar” las tierras. Y “por la vía pacíficas”, han “buscado solución”. Los invasores ya metieron los predios al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares.
“Según los ingenieros del gobierno, esa tierra no corresponde a las escrituras y que según, lo que nos corresponde se encuentra sobre el cerro Mispia, donde no se puede cultivar y es de difícil acceso. ¿Cómo es que todos estos años hemos estando pagando el predial?”
La amenaza de desalojo es constante. “Sentimos que el finquero nos engañó y engañó al gobierno vendiendo dos veces nuestra tierra, o quizá el gobierno lo pensó bien y como en otras ocasiones, hace todo esto para que nos enfrentemos entre hermanos campesinos. Estamos dispuestos a defender lo que nos corresponde”, concluyen en reciente relación escrita.
Los presos políticos zapatistas en Tabasco y Chiapas están en riesgo de muerte, alertan
Indígenas en huelga de hambre en Tacotalpa mantendrán por tiempo indefinido su protesta
Hermann Bellinghausen
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Integrantes de la Unión de los Pobres, de la comunidad indígena tzotzil Casa del Pueblo, realizaron una caravana hacia la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para exigir la libertad de los presos políticos en Chiapas Foto: Notimex
Están “en riesgo de muerte los ‘presos políticos’ zapatistas en Tabasco y de La Voz de los Llanos en Chiapas”, alertó este miércoles la otra Jovel, en relación con la situación en la cárcel de Tacotalpa y el Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas.
El lunes 21, los indígenas zapatistas Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y su padre, Francisco Pérez Vázquez, iniciaron en Tacotalpa una huelga de hambre de 72 horas, demandando su liberación. Anoche, ante la falta de respuesta de las autoridades estatales y federales, determinaron la continuación de la misma por tiempo indefinido hasta lograr su libertad.
El mismo día 21, en el Cereso 5, los miembros de la Voz de Los Llanos fueron apaleados por una banda de reclusos no indígenas. Se encuentran “seriamente lesionados y amenazados con ser llevados lejos de sus familias y redes de apoyo”. Unos y otros formaron parte de los “presos políticos” que sostuvieron una huelga de hambre entre el 25 de febrero y el 5 de abril.
El estado de salud de Ángel y Francisco, diabéticos, se reporta “delicado”. Nunca han recibido atención médica adecuada. Ahora solicitan respaldo “contra actos represivos del gobierno” en agravio suyo o del plantón solidario instalado a las afueras del penal de Tacotalpa.
En tanto, los miembros de La Voz de los Llanos están heridos por la golpiza que les propinaron otros internos con la complicidad de los guardias del penal. Los agresores quedaron plenamente identificados: Elías Domínguez Trejo, Damián Gutiérrez García, Eleuterio de la Cruz Martínez, Héctor de Jesús Bautista Hernández, José Luis Urbina Gamboa, Próspero Gonzalo Flores, Darinel Alfaro Gallego, Juan Cristóbal Magdaleno, Iván Estrada, José Capuino, Rigoberto López Alza, Juan Díaz Meléndez, Carlos Rodrigo, Tomás de la Cruz Martínez, Manuel López Pérez, Juan Trejo, el Loco, El Disco y El Zorro. Todos dirigidos por el Preciso general, Bartolo García Suárez.
Los afectados manifestaron a Diego Cadenas, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que “este acto contra su dignidad es por la resistencia política y pacífica en demanda de su liberación, y por sus denuncias sobre la corrupción y la violencia racial en el sistema penitenciario de Chiapas”.
Los miembros de La Voz de los Llanos son: Antonio Díaz Pérez, Tiburcio Gómez Pérez, Juan Díaz López, Miguel Díaz López, Diego Rodríguez Hernández, Nicolás Pérez Núñez y Agustín Rodríguez Jiménez. Ellos, y sus simpatizantes Mateo Gómez Santiz, Agustín Díaz Gómez y Orlando Santizo Castillo, fueron apaleados y golpeados a puñetazos y patadas. A Mateo Gómez Santiz “lo zambulleron en un contenedor de agua para asfixiarlo”; Tiburcio Gómez Pérez refiere dolor en frente, cuello, espalda, estómago y pecho, dificultad para respirar, dolor en ojos y orejas. Miguel Díaz López presenta una herida en la ceja izquierda y restos de sangre en la ropa.
Apenas concluida la agresión, los “precisos” y el alcaide Sergio Lázaro Vicente hicieron firmar a la población carcelaria para “solicitar” el traslado de los agredidos a otro penal. La Voz de los Llanos los acusa de “falsificar” firmas. El Centro Fray Bartolomé de las Casas señaló la “intervención directa de la autoridad para coaccionar a la población carcelaria y acallar las denuncias de anomalías y corrupción que rigen la vida interna de este centro de reclusión”.
Los “precisos” sostienen una red de complicidad y extorsión e imponen “trabajos forzosos” a quienes no pagan las “tarifas” establecidas por ellos. Y las autoridades del Cereso 5 participan “en actos y prácticas de discriminación hacia los presos indígenas, que son un alto porcentaje de la población penitenciaria”.
Por ahora, los heridos permanecen aislados, sin atención médica y con temor de ser agredidos nuevamenteExige el Centro Fray Bartolomé que se excarcele a dos simpatizantes del EZLN
Llevan presos 12 años por un asesinato que autoridades no han podido acreditar
Hermann Bellinghausen
“Queremos que los liberen. Yo tenía 11 años cuando se llevaron a mi papá”, dijo Prisciliano Pérez Gómez, de 23 años, hijo de Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y nieto de Francisco Pérez Vázquez, quienes llevan presos casi 12 años. Los dos campesinos choles de la comunidad Huapacal (municipio autónomo El Campesino, Chiapas) se encuentran en la cárcel de Tacotalpa, Tabasco, condenados a 25 años por un “homicidio calificado” que nunca fue probado.
Esto “en un proceso penal en el que no se respetó la garantía de juicio justo”, señaló ayer el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) en un llamado de acción urgente para demandar la liberación de Ángel y Francisco, quienes se encuentran en huelga de hambre desde el lunes.
Prisciliano confirmó que familiares de los dos indígenas están en huelga de hambre a las afueras de la cárcel de Tacotalpa, y dijo: “Mi papá sigue enfermo”. Al respecto, el CDHFBC exigió, además de “libertad inmediata y reparación de los daños ocasionados por el Estado mexicano a Francisco, Ángel y sus familias”, atención médica urgente “por especialistas externos a la cárcel y realizar los análisis clínicos pertinentes”.
En un boletín, el CDHFBC subrayó: “Son presos políticos, detenidos en 1996 en el contexto de la persecución a miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La Junta de Buen Gobierno de Roberto Barrios ‘Nueva semilla que va a producir’ los reconoce como bases de apoyo, los considera presos políticos y exige su liberación inmediata”.
En el segundo día de dicha protesta, la otra campaña en Tabasco y el Frente Nacional Contra la Represión denunciaron que las autoridades no permiten visitas, ni siquiera a los familiares. Ángel y Francisco, diabéticos, padecen disentería. El primero se dice dispuesto a llegar “hasta las ultimas consecuencias”, mientras los plantonistas son intimidados por “porros que van y vienen con miradas asesinas”.
La Voz del Amate, adherente a la otra campaña, y el “Grupo Zapatista” del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 14 de Chiapas manifestaron solidaridad con sus compañeros en Tacotalpa: “una resistencia pacífica es digna de respeto”.
Además, hicieron un “llamado urgente” para denunciar “el artero atropello que pone en riesgo de muerte a nuestros siete compañeros de la Voz de los Llanos en el Cereso cinco de San Cristóbal de las Casas, Chiapas”. Deploran que sus compañeros fueran “brutalmente golpeados y lastimados por toda su anatomía; en este momento desconocemos su estado de salud”, pero saben que, 16 días después de concluir una huelga de hambre por más de un mes, “se encontraban en deterioradas condiciones”.
La Voz del Amate denuncia que el ataque en el Cereso cinco, el 21 de abril, “fue operado por el director Alejandro Galicia Morales, utilizando a la población para fines de represión”. Exige la “inmediata destitución y detención” del funcionario, “para que se haga responsable de este acto de violación a los derechos humanos y las garantías individuales”. La agresión estuvo a cargo de otros internos, quienes en presencia de la policía carcelaria los encerraron en los baños y ahí los torturaron y apalearon. Según los agredidos de la Voz de los Llanos, cada atacante “recibió 100 pesos y un ‘tubo’ de mariguana” en retribución por el “trabajito”.
Los presos de El Amate demandan una investigación exhaustiva y solicitan la intervención de Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal, y de la sociedad civil. Reprueban esa “falta de respeto a los reclamos de las organizaciones que luchan por la libertad”.
Agonía manifiesta de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas
Incumplidos, sus objetivos de alcanzar una solución justa y duradera al conflicto armado
■ Escasas, las posibilidades de entendimiento entre las partes; los desencuentros han sido constantes
El gobierno federal parece dispuesto a desaparecer la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, a pesar de que no ha cumplido sus objetivos. Ciertamente, las posibilidades de diálogo han sido escasas. Los desencuentros entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los representantes de los poderes Ejecutivo y el Legislativo han sido constantes, salvo los meses que duraron los diálogos de San Andrés (1995-1996) y la oportunidad que decía ofrecer el gobierno de Vicente Fox en 2001.
Ambas cincunstancias se fueron por la borda. La primera cuando el gobierno zedillista desconoció su compromiso con los acuerdos de San Andrés (el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, argumentó, memorablemente, haber estado ebrio cuando aceptó que sus representantes firmaran con los rebeldes).
La segunda, cuando los senadores de todos los partidos aprobaron una reforma que los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena consideraron “traición”. Este hecho marcaría la gestión del representante foxista Luis H. Álvarez, quien nunca obtuvo respuesta del EZLN a sus llamados. Los rebeldes han sostenido que no se puede dialogar con gobiernos incapaces de cumplir su palabra. No obstante, el comisionado gubernamental se movió por la “otrora la zona de conflicto” (expresión suya) como si existieran condiciones.
En julio de 2005, al comparecer ante la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, que presidía la panista Luisa María Calderón Hinojosa, Álvarez expresó:
“Si yo hubiera sido indígena y vivido las condiciones que vivían y que todavía siguen viviendo la mayoría de las comunidades indígenas, es más que probable que yo hubiera sido zapatista”. Incluso “celebró” la decisión de los zapatistas de levantarse en armas en 1994.
La Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas fue aprobada por el Congreso el 9 de marzo de 1995, un mes después de que el presidente Ernesto Zedillo ordenara la mayor ofensiva militar que ha habido contra el EZLN y sus bases de apoyo.
La ley norma las políticas para lograr la paz en la región indígena, cimbrada en su totalidad por el movimiento armado y su impacto social y político.
Paralela y extraoficialmente se inició la campaña de contrainsurgencia que desde entonces forma parte de las estrategias gubernamentales para “solucionar” el conflicto. El gobierno había dado un paso hacia la guerra, y luego propició un instrumento para la paz, que originó a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).
Desde entonces, dicha ley “tiene por objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el 1º de enero de 1994”.
El texto destaca aquella fórmula con la cual, a regañadientes, el gobierno reconocía la legitimidad de la rebelión:
“Para los efectos de la presente ley, se entenderá como EZLN el grupo de personas que se identifica como una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas y se involucró en el conflicto.”
Inician ayuno de 72 horas zapatistas presos en Tabasco; su salud, precaria
Brutal golpiza a internos en San Cristóbal; temen contubernio oficial
La mañana ayer los indígenas zapatistas presos en Tacotalpa, Tabasco, iniciaron una huelga de hambre por 72 horas (nada más, pues su salud es muy precaria) en demanda de su libertad. En tanto, en el Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los internos de la Voz de los Llanos fueron agredidos y golpeados brutalmente por los líderes de la corrupción intracarcelaria, al parecer siguiendo órdenes del director del penal, Alejandro Galicia Morales.
El ataque contra los siete presos de la Voz de los Llanos (quienes aún se recuperan después de participar en la reciente huelga de hambre en tres penales chiapanecos, sin ser liberados) estuvo encabezada por el llamado “preciso general”, Bartolo García Suárez, y los “precisos” Damián Gutiérrez García, Elías Domínguez Trejo y Eluterio Cruz Martínez, al “mando” de otros 15 internos, de un grupo controlado por las autoridades.
La otra campaña, el Comité de Ex Presos y Familiares Políticos y la Comisión de Familiares de Presos Políticos informan que sus compañeros quedaron “sumamente golpeados”, y exigen “que se garantice su protección, se les atienda debidamente de sus lesiones y se castigue a los responsables”.
La versión oficial es que se trató de un “enfrentamiento entre internos”, dando a entender que se debió a meras diferencias y rencillas. En realidad, fue un “escarmiento” a la Voz de los Llanos, por conducto de la mafia que opera en el Cereso 5. Se teme que el “incidente” sirva de pretexto para aislarlos, separarlos y trasladarlos a otro penal (podría ser el de Comitán).
En tanto, Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez, presos desde hace 12 años, iniciaron su protesta en Tacotalpa, ya que los gobiernos de Tabasco y Chiapas se niegan a poner fin a su reclusión injusta. En las afueras de la cárcel municipal se solidarizaron con la acción sus familiares, así como miembros de la otra campaña.
01 mayo 2008
30 abril 2008
Fiscalía Especial de Acteal restringe el acceso a la información
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 29 Abril de 2008
Boletín de Prensa 08
Fiscalía Especial de Acteal restringe a las víctimas el acceso a la información
contenidas en las averiguaciones por la Masacre de Acteal.
• El 28 de marzo de 2008 la Fiscalía de Acteal notifica a este Centro de Derechos Humanos, a
pesar de ser representantes legales de las víctimas, que no tiene autorizado el libre acceso
a las averiguaciones contra servidores públicos involucrados en los hechos del 22 de
diciembre de 1997.
• Señala la Fiscalía que se reserva a otorgar el derecho a informar a las víctimas, lo que ella
considere necesario.
• Impide conocer el contenido de las declaraciones de los servidores públicos que han
rendido su declaración, obstaculizando el derecho a la verdad de los sobrevivientes y
deudos.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en su calidad de representante
legal de las víctimas sobrevivientes y deudos de la Masacre de Acteal, el día 15 de Abril de 2008
presentó demanda de amparo en contra de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos
Cometidos en el Poblado de Acteal el 22 de diciembre de 1997, el cual fue admitido por el Juez
Séptimo de Distrito con el número 323/2008 el pasado 22 de abril, interpuesto por la restricción que
dicha autoridad impuso a los sobrevivientes para conocer del avance de las investigaciones y el
contenido de las declaraciones de los servidores públicos que han sido citados a rendir su
declaración, en relación a los crímenes de lesa humanidad que se persiguen dentro de la
averiguación previa FECACH/02/2007.
El día 28 de marzo del año que transcurre, el Fiscal del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía
Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en el Poblado de Acteal, notificó a este Centro el
contenido del acuerdo de fecha 10 de marzo recaído en los autos de la Averiguación Previa número
FECACH/02/2007, mediante el cual la autoridad se reserva a otorgar el derecho de tener el libre
acceso a la averiguación previa y señala que como parte ofendida sólo podremos obtener la
información que la propia Fiscalía considere oportuna comunicarnos.
Consideramos que la aplicación de esta restricción por la Fiscalía Especial para los Delitos
cometidos en el Poblado de Acteal, en dicho acuerdo de 10 de marzo vulnera el derecho de los y las
víctimas sobrevivientes y los deudos a conocer la verdad de los hechos del 22 de diciembre de 1997,
consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece en su artículo 1
que los Estados partes de la Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
2
cualquier otra condición social. Asimismo, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención el Estado
Mexicano se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones de la misma Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Esto implica que el Estado Mexicano
debe asegurarse que las investigaciones existentes para la protección y garantía de los derechos de
las víctimas sobrevivientes, sean efectivos en la práctica.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez (Sentencia
de Fondo del 29 de julio de 1988. Serie C. Nº 4, párr.177), estableció que la obligación de investigar
“debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser
infructuosa, debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no
como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima
o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública
busque efectivamente la verdad”.
De forma arbitraria, el Fiscal Especial obstruye a las víctimas sobrevivientes el conocer
claramente el avance, logros y fracasos de la investigación penal instruida en contra de los
servidores públicos involucrados en la masacre de Acteal cometida el 22 de diciembre de 1997 en el
poblado de Acteal, Municipio de Chenalhó, Chiapas.
Con esta determinación de la Fiscalía Especial, este Centro considera que no satisface los
requisitos de una autoridad de procuración de justicia como el de independencia, imparcialidad y
transparencia, lo que implica que el procedimiento de investigación en contra de los servidores
públicos que se ha iniciado para el conocimiento de la verdad histórica, no puede asegurarse que
sea un recurso efectivo, en el entendido de que un procedimiento carente de transparencia y acceso
a la información da incertidumbre jurídica y vulnera derechos fundamentales de víctimas de
violaciones graves a derechos humanos.
En este orden de ideas, los derechos y obligaciones consagrados en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos son plenamente vinculantes para el Estado Mexicano por
haber sido ratificada la misma conforme al procedimiento establecido en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos el 2 de Marzo de 1981, por lo que las consecuencias de la no
observación, respeto o falta de garantía de esos derechos, la falta de adecuación de las normas y
prácticas internas a los estándares que establece la Convención Americana implica una
responsabilidad de carácter internacional para el Estado Mexicano, puesto que dichas normas de
derechos internacional son parte de la Ley Suprema de la Unión de acuerdo con el artículo 133 de la
Constitución Federal.
De acuerdo con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, para establecer el estándar que existe en materia de acceso a la información cuando
se trata de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad señala en su artículo 14
último párrafo, que las autoridades obligadas a proporcionar información:
“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.”
En este mismo sentido, la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información
Pública para el Estado de Chiapas, en su artículo 30 tercer párrafo señala que:
3
“Artículo 30 ”No podrá invocarse el carácter de reservado, cuando se trate de la investigación
de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.”
La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en el Poblado de Acteal
del Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas, al reservarse arbitrariamente e
inconstitucionalmente el derecho de otorgar a los sobrevivientes el acceso a la información contenida
en el expediente físico número FECACH/02/2007 hace inoperante el derecho constitucional de la
coadyuvancia constitucionalmente reconocido. Por lo que restringe y vulnera el derecho al
libre acceso a la información como coadyuvantes legalmente reconocidos en la averiguación
previa, iniciada para conocer la verdad de los hechos y el fincar responsabilidades de los servidores
públicos involucrados en la Masacre del 22 de diciembre de 1997 en la que se cometieron violaciones
graves a derechos humanos y de lesa humanidad.
Es lamentable que la Fiscalía Especial para Acteal del Ministerio de Justicia del Estado, se
conduzca en estos términos tratándose de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa
humanidad como lo es la Masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997, de gran relevancia e
impacto a nivel nacional e internacional, vulnera derechos constitucionales e internacionales en
materia de derechos humanos, lo que no garantiza a los sobrevivientes de la Masacre contar con la
seguridad jurídica y el ejercicio pleno que la figura jurídica de la coadyuvancia y la representación
legal tienen reconocido como partes de un procedimiento de carácter penal, establecido en el artículo
20 apartado B de la Carta Magna.
Por lo que, de continuar en esta línea de falta de transparencia, imparcialidad y transparencia
no podremos estar en aptitud de instruir los elementos de convicción que acrediten el cuerpo del
delito, la responsabilidad de los servidores y la reparación del daño que corresponde.
Por tal razón el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C. solicita:
• Que el gobierno del Estado de Chiapas garantice y respete el derecho constitucional establecido
en el artículo 20 apartado B fracción II que tienen las víctimas sobrevivientes de la Masacre de
Acteal, para el ejercicio pleno y sin restricciones de la coadyuvancia con la Fiscalía Especial para
la Atención de los Delitos Cometidos en el poblado de Acteal para un verdadero acceso a la
justicia y el goce del derecho a la verdad como pueblo.
• Que las autoridades de procuración de justicia del Estado actúen conforme a los compromisos
internacionales en materia de derechos humanos adquiridos por el Estado Mexicano para
garantizar y salvaguardar los derechos de las víctimas sobrevivientes de conocer la verdad de lo
sucedido y participar de manera libre y transparente en las investigaciones instruidas contra
servidores públicos involucrados en la Masacre del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas.
• Que se garantice la eficacia y transparencia de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía
Especial para fincar las responsabilidades de los autores intelectuales de la Masacre y la
aplicación de las sanciones legales correspondientes de los perpetradores de la Masacre que
continúan gozando de impunidad.
Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas, AC
BRASIL 14, BARRIO MEXICANOS, CP 29240. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO.
TELEFAX + 52 (967) 678 3548, 678 3551, 678 7395, 678 7396 - APARTADO POSTAL 178
www.frayba.org.mx frayba@frayba.org.mx
20 abril 2008
Relegó Calderón la coordinación para el diálogo y la negociación en Chiapas
Desde 2007 opera con magro presupuesto; este año se le asignaron 775 mil pesos
Relegó Calderón la coordinación para el diálogo y la negociación en Chiapas
■ Luis H. Álvarez, único interlocutor aceptado por el EZLN, sólo negoció con grupos oficialistas
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Desde el gobierno de Vicente Fox prácticamente desapareció la negociación con grupos zapatistas. La imagen, durante un encuentro en La Realidad Foto: José Carlo González
Desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón, la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas (Cdnch) fue relegada. A diferencia de lo ocurrido al iniciar la primera administración nacional panista, en 2000, cuando Vicente Fox designó una “carta fuerte” para encabezarla: el veterano Luis H. Álvarez, desde 2007 se le dejó en el limbo, casi sin titular y con magro presupuesto.
Todo un síntoma de la postración en que la había dejado su último titular, independientemente de que el nuevo gobierno federal no enunciara ninguna política definida respecto al conflicto de Chiapas. El comisionado Álvarez, el único que permaneció en el cargo un sexenio completo –si bien había llegado allí sin ninguna experiencia con los pueblos indígenas, salvo un decoroso paso por la primera Comisión para la Concordia y Pacificación (Cocopa) en el peor periodo de la guerra encubierta del gobierno zedillista–, el funcionario pasó a dirigir la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). No queda clara la diferencia entre una y otra funciones.
Este año, la Cdnch recibió un presupuesto de 775 mil pesos, ejercido por el sustituto de Álvarez, Hugo García, en lo que ahora que se pretende desaparecer, puede verse como un “apagas y te vas”. En 2003 su presupuesto fue superior a 2 millones.
Hace unos meses, el reportero Isaín Mandujano documentó: “el gobierno de Vicente Fox pagó 11 millones 765 mil 628 pesos a Luis H. Álvarez por sus ‘monólogos’ en la búsqueda de la paz y la reconciliación con el EZLN, como coordinador de una oficina que tuvo como presupuesto 12 millones 300 mil pesos durante el sexenio pasado”.
Álvarez fue no sólo el negociador gubernamental que más duró en el cargo, también el único al que “saludaron” los zapatistas. En un comunicado, el subcomandante Marcos reconoció “la seriedad, respeto y responsabilidad” del ex senador. También indicó que sería “interlocutor válido” en la medida en que el gobierno foxista cumpliera las tres condiciones para el diálogo: cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, desmilitarización de las comunidades y libertad de los presos zapatistas.
En los hechos, nunca existió negociación ni diálogo con los rebeldes durante la coordinación de Álvarez, aunque este proclamó mediáticamente “encuentros” casuales con “comandantes” y representantes del EZLN, que no tuvieron ningún efecto, como no fuera aumentar las tensiones en la zona.
Los acuerdos de San Andrés no se cumplieron. Se retiraron retenes y algunos campamentos militares, pero se mantuvo, hasta hoy, la militarización masiva de los territorios indígenas de Chiapas. Los zapatistas, que en 2001 estaban encarcelados, salieron libres. En ningún caso fue relevante la participación de la Cdnch.
Esto no significa que no sostuviera un activismo inusual. En seis años, Álvarez viajó 110 veces de la ciudad de México a Chiapas. Visitó comunidades indígenas incesantemente, en papel de gestor gubernamental, y sólo dialogando con organizaciones oficialistas (priístas o perredistas) y toda clase de funcionarios y legisladores. Se convirtió en ventanilla ambulante de recolección de demandas y quejas, y apoyó la “asignación de recursos” para proyectos, programas y obras públicas en comunidades no zapatistas, o donde los zapatistas no fueron considerados y sí, con frecuencia, combatidos.
La coordinación, creada al calor del levantamiento zapatista, en enero de 1994, tuvo vida como tal en los dos procesos de diálogo establecidos entre el EZLN y el gobierno federal. Primero en San Cristóbal de las Casas, en 1994, y luego en San Andrés Larráinzar (nombre oficial de ese municipio tzotzil, en honor al último hacendado que acaparó sus territorios en la primera mitad del siglo XX).
Durante la prolongada gestión de Luis H. Álvarez, la Cdnch cultivó la “reconciliación” del gobierno con las organizaciones que no estaban en rebeldía, sin ningún efecto en la concordia de los pueblos, y menos en la eventual desmilitarización o el abandonado proceso de paz en Chiapas.
Ganaderos preparan incursión en Choles de Tumbalá para desalojar a indígenas
Policía de Palenque habría revelado el plan; sería el tercer intento en 19 meses
Ganaderos preparan incursión en Choles de Tumbalá para desalojar a indígenas
■ Denuncian que líder de trabajadores propicia división para facilitar el despojo a los pobladores
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Imagen del municipio autónomo de El Trabajo, donde se asienta Choles de Tumbalá Foto: Moysés Zúñiga Santiago
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Escena en el municipio zapatista de El Trabajo, cuando el EZLN declaró alerta roja en junio de 2005 Foto: José Carlo González
Choles de Tumbalá, Chis., 13 de abril. Las tierras donde se asienta esta comunidad autónoma son codiciadas por los ganaderos vecinos, que nuevamente amenazan con invadirlas y destruir las casas, como ya lo hicieron el 3 de agosto de 2006 con apoyo de la policía de Palenque, y volvieron a intentarlo el pasado enero.
La versión de que se prepara otra agresión fue transmitida en Palenque por miembros de la policía municipal al indígena Gregorio Álvaro Cruz, antiguo poblador de Choles de Tumbalá, quien pasó casi tres años encarcelado sin haber cometido delito y salió, absuelto, a finales de 2007. “Hay otra orden de desalojo”, advirtieron policías palencanos. Según cuentan hoy los representantes del poblado, un agente dijo que “hace poco se juntaron los ganaderos porque ‘ya tenían la orden’ y llamaron a los comandantes de la judicial, la estatal y la municipal para solicitar su apoyo”.
Los mandos policiacos habrían replicado que actuarán cuando reciban órdenes. Los ganaderos dijeron que si no llegaban esas órdenes, “buscarían otra forma, como paramilitares armados, para expulsar a los zapatistas”. El terrateniente Luis Eduardo Maitré y sus prestanombres de la Asociación Ganadera del Usumacinta disputan las tierras donde se fundó el poblado en 1988, y sobre las cuales los ganaderos no tienen ni han tenido derecho.
Se trata de una “demasía” que los choles habitan desde entonces, y hoy forma parte del municipio autónomo El Trabajo. Vecinos del ejido Chuyipá, que trabajan en la finca 5 de Mayo, propiedad de Maitré, confirman que los ganaderos planean invadir Choles de Tumbalá.
Una nueva amenaza ha llegado a la comunidad. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), de Palenque, lidereada por Mario Álvarez Rodríguez, ofrece los predios de Choles de Tumbalá a campesinos sin tierra de Salto de Agua, y también les ofrece defenderlos con gente armada.
“Nosotros respetamos todas nuestras colindancias. Reconocemos nuestro terreno. Como indígenas que somos defenderemos este pedazo de tierra. Exigimos que los ganaderos dejen de molestarnos”, dice la tarde de este domingo uno de los representantes, en un rudimentario cobertizo que se usa como ermita, lugar de reunión o para realizar trabajos colectivos. “No tenemos ningún delito, respetamos la mensura de los ranchos”. La propiedad por aquí es estricta, parece trazada con regla.
Al norte de Palenque, la región está compuesta por grandes y pequeños ranchos ganaderos, o bien rentados a empresas para extensos monocultivos de hule y palma africana. La comunidad indígena “estorba” para los negocios de los ganaderos, promovidos por Felipe Vázquez Pérez y Gilberto Cruz Sánchez. Ahora se suman las pretensiones del dirigente de la CUT de propiciar enfrentamientos entre indígenas para despojar de sus tierras a los zapatistas.
Hace año y medio, la comunidad no sólo fue desalojada por los ganaderos y la fuerza pública. Fue arrasada. Quemaron las casas, y trajeron maquinaria para aplanar y cubrir las cenizas. No obstante, semanas después los choleros levantaron otra vez el pueblo, con ayuda de centenares de indígenas de los municipios autónomos de la región. Zapatistas desde 1994, hacen ondear a la entrada del poblado una viejísima y desgarrada bandera nacional y otra del EZLN.
“Nosotros aquí seguimos. No nos vamos a mover”, dice el que habla, rodeado de otros representantes, entre ellos una mujer que se ve de autoridad pero sólo se expresa en chol. A manera de confirmación, describe cómo ya preparan la tierra para la nueva siembra de la milpa, igual que cada año.
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